A un año del trágico incidente en el estadio Cuscatlán, la Policía Nacional Civil (PNC) sigue sin dar explicaciones sobre las medidas, decisiones u omisiones que condujeron a la estampida en uno de los accesos, que resultó en la muerte de nueve personas y dejó a otras cien heridas.

El fatídico 20 de mayo de 2023, durante el partido de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2023 entre Alianza y FAS, que estaba programado para las 7:30 p.m., la tragedia se desencadenó en el portón sur del sector general del estadio Cuscatlán. FAS llegaba con una ligera ventaja tras ganar 1-0 en el Quiteño.

La estampida se produjo durante los actos previos y los primeros minutos del encuentro. Uno de los sobrevivientes, Walter Ricardo Estrada, relató que él y su hermano llegaron al estadio a las 6:45 p.m., cuando las filas eran normales. Sin embargo, las puertas fueron cerradas y abiertas repetidamente, lo que causó confusión y aglomeración. A los 20 minutos de espera, la multitud empezó a empujar desesperadamente, resultando en la avalancha humana. Estrada y su hermano sufrieron heridas leves, y más tarde fueron atendidos por Medicina Legal por asfixia y contusiones.

Cinco días después de la tragedia, las autoridades arrestaron a tres exdirigentes del Alianza FC y dos empleados de Estadios Deportivos de El Salvador (Edessa) por homicidio culposo, lesiones culposas y estragos. Sin embargo, el Juzgado Primero de Paz los exoneró tras un acuerdo conciliatorio con las víctimas. Posteriormente, fueron recapturados bajo el cargo de agrupaciones ilícitas, pero un tribunal superior cambió el delito a infracción a las reglas de seguridad en su modalidad agravada y los liberó.

Las medidas de seguridad en el estadio Cuscatlán siguen siendo un punto crítico. Las autoridades de la PNC, responsables de la seguridad ese día, no han podido aclarar las acciones, decisiones u omisiones que llevaron a la tragedia, ni han detallado las nuevas medidas implementadas para prevenir futuros incidentes.

El juzgado que manejó el caso ordenó implementar varias medidas de seguridad para el estadio Cuscatlán, con fecha de vencimiento el 6 de junio. Estas incluyen un manual de seguridad, nombrar jefes de seguridad, contratar seguridad privada, y controlar el acceso de personas en estado de ebriedad. Edessa también se comprometió a construir nuevas instalaciones y mejorar las existentes, como portones y rampas, así como prohibir la venta de alcohol en el estadio.

A pesar de estas medidas, persisten preocupaciones sobre la capacidad y el control de las multitudes en el estadio. Por ejemplo, la zona de sol general, donde ocurrió la tragedia, ahora tiene un límite máximo de 10,000 personas, aunque a menudo se supera esta cifra.

Las críticas también se extendieron al manejo del personal médico. Tres médicas fueron suspendidas y posteriormente despedidas por sus publicaciones en redes sociales quejándose de sus turnos durante la tragedia. Este incidente exacerbó las tensiones entre el Ministerio de Salud y el gremio médico, desencadenando una serie de persecuciones contra quienes denunciaban deficiencias en el sistema de salud pública.

La familia de Leslie Fermán Murcia, una de las víctimas que murió protegiendo a su hija Amanda, ha pedido un control más estricto en la venta de boletos y la apertura de accesos adecuados para evitar futuras tragedias.

El nuevo dispositivo de seguridad será puesto a prueba en el próximo enfrentamiento de semifinales entre Alianza y FAS en el Cuscatlán. Que nunca se repita una tragedia como esta.